Archive for abril, 2015

Los niños de la esclavitud (publicado en Agencia Pelota de Trapo)

Por Claudia Rafael

(APe).- Fuego, humo, asfixia. Esta vez fueron dos niños de 7 y 10 años los devorados por las llamas en el sótano de la casona de Páez 2796, casi Condarco, en Flores. Enrejada y con puertas tapiadas. Dormían aún, a media mañana, cuando se desató un incendio en el taller textil en el que vivían con sus padres: Amparo Menchaca y Julián Rojas, que siguen internados en el Hospital Alvarez con quemaduras. La utopía con la que llegaron desde Bolivia se extinguió velozmente. Como nueve años atrás ocurrió también para Juana Vilca Quispe, de 25 años, embarazada; Elías Carbajal Quispe, de 10; Rodrigo Quispe Carbajal, de 4; Harry Rodríguez Palma, de 3; Wilfredo Quispe Mendoza, de 15, y Luis Quispe, de 4 años, en la fábrica textil de Luis Viale al 1269.

Son unas 25 cuadras las que hay entre uno y otro taller. Pero la densidad y la brutalidad del fuego fue exactamente la misma. La crueldad con que oprime, desde sus duros zarpazos el sistema que tributa al capital, trasciende los tiempos. Puede modificarse en sus números, en las particularidades de sus efectos, pero padece de la misma y oprobiosa intensidad.

El taller del barrio porteño de Caballito estaba habilitado desde 2001 para cinco personas y como lugar de trabajo. Aunque vivían unas 65 y trabajaban allí 25. “Esa tarde había pocos chicos, porque la mayoría estaba en el colegio. Pudo haber sido una desgracia mayor. Los padres de Harry estaban en la planta baja con Kevin, el otro hijo del matrimonio. No pudieron subir por la escalera y tampoco pudieron entrar por las ventanas del primer piso porque estaban enrejadas”, decía un sobreviviente nueve años atrás. Aquel incendio dejó al desnudo que la clandestinidad de la industria textil que mueve más de 700 millones de dólares al año sólo entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano requiere de reducir a la esclavitud para rendir. Doce, catorce y dieciséis horas diarias de trabajo, hacinamiento, salarios ínfimos, enfermedades evitables.

En mayo de 2008, un informe publicado en el diario La Nación, revelaba que “en febrero último, dos popes de la industria textil, Ignacio de Mendiguren (Cámara de la Indumentaria) y Víctor Benyacar (Cámara Argentina de Indumentaria de Bebes y Niños), reconocieron que el 78% de la industria textil está en negro”. Clarín, en tanto, publicó en octubre de 2011 que “el 78% de la ropa que se produce en el país se hace con trabajadores fuera del sistema legal. Se lo reveló José Ignacio de Mendiguren, hoy titular de la UIA, cuando era vicepresidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, al entonces ministro de Economía Martín Lousteau, en febrero de 2008. Es decir, entre 150.000 y 200.000 trabajadores. La Defensoría del Pueblo estimó en 12 mil los talleres clandestinos en todo el país y por lo menos 3.500 en la Capital Federal”.

En la vieja casona de Páez 2796, del barrio de Flores, la puerta de ingreso estaba tabicada. La causa penal está caratulada como “incendio seguido de muerte” por el simple hecho de que no existe en ningún Código una figura que exponga para este tipo de muertes una calificación profunda, que vaya a la médula de la perversidad, que defina claramente que se trata de crímenes evitables. Que si murieron dos niños ahora y varios más hace nueve años es porque hay un Estado que consiente. Que pacta. Porque “clandestino” significa “oculto, secreto” y la existencia de este tipo de talleres que prolongan el viejo sistema de la cama caliente es un secreto a voces: obreros esclavizados descansan rotativamente en una cama mientras sus compañeros de infortunio trabajan. Se reemplaza así a la vieja estructura en la que las grandes marcas tenían talleres propios de producción.

Lily Whitesell retrata en “Y aquellos que partieron: retratos del éxodo boliviano” historias como las de Simona Velásquez: “Sus horas de trabajo empezaban a las 8 am y no terminaban hasta la 1 am, siete días a la semana. Al final del día ella y sus seis hijos dormían en un cuarto ubicado atrás de la fábrica, que compartían con otros obreros. Los dedos de Simona se deformaron por el reumatismo y sus hijos empezaron a toser incesantemente por el aire pesado de la fábrica. Cuando se quejó de ello, su jefe le dijo: “No has venido a enfermarte, has venido a trabajar,” y la amenazaron con devolverla a Bolivia. Poco después de que dejó la fábrica, el mayor de sus hijos pasó de su severa tos a la tuberculosis. Nunca se recuperó. A pesar del tratamiento, murió semanas más tarde”.

Kosiuko, Cheeky (casualmente de la familia política de Mauricio Macri), Portsaid, Zara, Ayres y Cara y Cruz han sido denunciadas, investigadas, condenadas. Pero no hay cambios sustanciales. Porque en los márgenes se sigue viviendo y muriendo de la manera más cruel. Los talleristas muertos en un incendio, asfixiados o incinerados, son velozmente reemplazados en una nueva sede del taller que no es nunca clandestino porque se sabe cómo, dónde y para quién trabaja. Porque existen procesos financieros y de mercado que tienen más importancia que la vida humana en estos tiempos en que la gran utopía de los poderosos tiene sonido metálico en los bolsillos.

Los ritmos propios de las grandes marcas imponen tendencia, definen rumbos, tienen la responsabilidad política y social por la existencia de los talleres, pactan con un Estado connivente y cómplice hecho por ellos, para ellos y a su medida. Y esos dos niños de Páez al 2700 fueron la pieza de recambio como hace nueve años los seis de Luis Viale al 1200. Todos ahogados en émulos de un Cromañón que las mayorías olvidarán con celeridad a la hora de calzarse un nuevo jean o una nueva camisa que tenga la etiqueta perfectamente colocada.

Esta vez fue Mauricio Macri, que danzaba furiosa y triunfalmente (junto a Juliana Awada, su esposa y dueña de Cheeky) sobre las tablas del mega complejo Costa Salguero junto a su delfín, Rodríguez Larreta. El mismo que tras la muerte de los dos nenes en Páez al 2700 decía que “lamentablemente, sin una orden de allanamiento emitida por un juez, el gobierno porteño no puede ingresar por la fuerza en este tipo de inmuebles, que desde afuera parecen casas particulares. El inspector golpea y, si nadie le abre, nada puede hacer. Es un tema de difícil solución”.

Aníbal Ibarra, que obscenamente se sigue ofreciendo para conducir la ciudad, no puede ir tranquilo a votar sin temor a un escrache de los padres de Cromañón y hoy ni siquiera pasa la instancia de las internas. A Rodríguez Larreta, al que “si nadie le abre, nada puede hacer”, lo sigue eligiendo más de medio millón de porteños.

Las miserias humanas siguen asesinando el porvenir.

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29 abril 2015 at 3:20 AM Deja un comentario

La Defensa no legitima (publicada en Pagina12 hoy)

Durante doce años, Delia Moyano sufrió agresiones de su marido. La Justicia y la policía no la protegieron. Por defenderse, lo hirió; él murió. Hoy podría ser condenada por homicidio.
Por Mariana Carbajal

Moyano no sabía que podía pedir la exclusión del hogar. Hizo denuncias, pero nunca prosperaron.

“Siempre fueron trompadas”, describió con timidez y voz entrecortada Delia Rosa Moyano. No necesitó más palabras para dar cuenta del contexto de violencia doméstica que atravesó la relación de doce años con su pareja, Jorge Cuello, con quien tuvo tres hijos. Delia, una mujer de 34 años, de condición muy humilde, del ámbito rural de Olavarría, se animó a decirlo y la escucharon los tres jueces del Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Azul, que la juzgan por la muerte de Cuello: en la noche del 24 de agosto, la joven atinó a manotear un cuchillo de la cocina para defenderse de los golpes que le daba su marido, que la quería atar y no le daba tregua. Le dio un puntazo como última instancia, cuando sintió que su vida podía correr peligro. El hombre resultó herido, pero no fue a atenderse y a los tres días falleció, sin recurrir a una atención médica. Hoy se conocerá el veredicto. La defensa pidió su absolución porque entendió que actuó en legítima defensa. Pero la fiscalía no contempló el contexto de violencia de género y reclamó pena de prisión perpetua al acusarla del delito de homicidio agravado por el vínculo de convivencia.

Delia recurrió varias veces al destacamento policial, ubicado a unos cien metros de su rancho. Lo declararon dos efectivos de la Bonaerense de Espigas, el pueblo rural donde vive la mujer. También contaron que una noche la llevaron a dormir al hospital con sus tres hijos, que hoy tienen 9, 6 y 3 años, porque la mujer no quería volver al hogar por los golpes del hombre. Según contó, hizo denuncias y nunca prosperaron.

“Por los antecedentes de violencia de género que se ventilaron en el juicio, Delia no puede ser condenada: es imprescindible que el tribunal tome en cuenta ese contexto de malos tratos reiterados”, indicó a Página/12 Laurana Malacalza, titular del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Ayer, el Observatorio hizo una presentación ante el tribunal donde enumera la jurisprudencia de casos similares, en los que la acusada fue absuelta, por considerar que el contexto de violencia de género es el que configura la legítima defensa. “Es muy preocupante la inacción de la Justicia en la provincia de Buenos Aires para proteger a las mujeres que denuncian violencia de género. Pero parece que funciona para investigar a las mujeres que se defienden”, señaló Malacalza.

El juicio contra Delia comenzó la semana pasada. Llegó al debate oral y público con arresto domiciliario, para poder seguir al cuidado de sus hijos y con permiso para llevarlos y buscarlos en la escuela. Pero antes estuvo detenida en la Unidad Penal 52 de Azul y sus hijos derivados al hogar Namasté.

En la primera audiencia del juicio recibió el apoyo de Fernando Wilhelm, titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Azul. Delia se crió en el campo, con su padre y sus hermanos, luego de que falleciera su madre, cuando ella era una niña. Con Cuello se fue a vivir a los 20 años; él tenía 48. Con el tiempo y el consumo excesivo de alcohol, el hombre desarrolló cirrosis.

Según se ventiló en el juicio, Delia hizo presentaciones, un año antes del trágico desenlace, que llegaron hasta la Comisaría de la Mujer de Olavarría. Pueden haber sido exposiciones civiles o denuncias. Ella no pudo precisarlo. No sabía que podía pedir la exclusión del hogar del golpeador. Nunca la citaron luego de recurrir a la policía en busca de ayuda. “Hice la denuncia cuando me agarró con un fierro, me golpeó toda, por todo el cuerpo, me puteaba, me pateaba, trompadas siempre”, contó. Su pareja la doblaba en edad y en peso: tenía 60 años y alrededor de cien kilos. En la zona, los vecinos sabían de las golpizas que ella sufría y del alcoholismo que potenciaba su violencia. También lo afirmó otra policía, Patria Torres, durante el juicio. “Siempre ella denunció, nunca él”, declaró y detalló que llegó a ver a Delia golpeada las veces que fue al destacamento a dar cuenta de la violencia física o a pedir que fuera a su casa un patrullero, para “calmar a Cuello”.

El defensor oficial, Martín Marcelli, pidió su absolución. Y encuadró el hecho como un caso de legítima defensa. La fiscalía pidió la pena de prisión perpetua. Hoy, está previsto que los jueces Marcelo Céspedes, Joaquín Duba y Gustavo Borghi dicten la sentencia.

15 abril 2015 at 8:33 PM Deja un comentario


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