Archive for octubre, 2013

Voto calificado (desde www.comambiental.com.ar)

Por Darío Aranda

 

Para ComAmbiental

El derecho, y el deber, de votar. Así lo tatuaron en la conciencia. Primero fueron las Ciencias Sociales (en la escuela primaria). Luego Educación Cívica (secundaria). Y Sociedad y Estado (facultad).

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Misiones votó en 1996 ante la propuesta (de Nación y Provincia) de construir la represa de Corpus. Se inundarían miles de hectáreas y afectaría a miles de personas. En abril de 1996, el 88 por ciento de la población de Misiones rechazó la hidroeléctrica.

El 23 de marzo de 2003, la población de Esquel rechazó la instalación de un proyecto minero de la Canadiense Meridian Gold. Ocho de cada diez personas dijo “no” a la cuestionada actividad.

El 3 de junio de 2012, el pueblo neuquino de Loncopué fue a la urnas por un proyecto minero de una empresa china. El Movimiento Popular Neuquino (MPN), que gobierna la provincia desde hace medio siglo, puso todo su aparato para que la población acepte la actividad extractiva. El 82 por ciento rechazó que le impongan la megaminería.

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En Calingasta (San Juan) se convocó a elecciones en tres oportunidades (2005, 2006 y 2007). Y las tres veces fue suspendida por la acción coordinada de un juez del Poder Judicial y del gobernador José Luis Gioja. Dos personas decidieron por sobre 8.500 habitantes.

Andalgalá, localidad catamarqueña donde hace veinte años se instaló Minera Alumbrera (extrae oro y cobre), estaba a punto de votar el 25 de mayo de 2010. La población iba a decidir el futuro del proyecto minero Agua Rica (tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros de la ciudad). Fue suspendido por el Poder Judicial a solicitud del gobernador Eduardo Brizuela del Moral. Dos personas decidieron por 18.000 personas.

En Misiones, por ley provincial, el Gobernador debe llamar a elecciones por nuevos emprendimientos hidroeléctricos. En septiembre pasado, cientos de misioneros caminaron durante una semana por rutas provinciales (140 kilómetros) y llegaron hasta Posadas con un solo reclamo: que el gobernador Maurice Closs cumpla la ley y llame a votación para decidir el futuro de la hidroeléctrica Garabi. Estudios oficiales afirman que se inundarán 40.000 hectáreas y desalojará a 13.000 personas. El gobernador aún no cumplió la ley no llamó a elecciones. Una persona decide por un millón de habitantes.

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En Malvinas Argentinas (Córdoba), la multinacional Monsanto planea instalar su mayor planta de maíz transgénico de América Latina. Cuenta con el apoyo de los tres niveles de gobierno. La Presidenta (Frente para la Victoria), el gobernador José Manuel de la Sota (PJ, enfrentado con el Ejecutivo Nacional) y el intendente Daniel Arzani (Unión Cívica Radical). Instalará al menos 240 grandes silos y usará agroquímicos en cercanías de casas, escuelas y centros de salud.

La asamblea de vecinos Malvinas Lucha Por la Vida exige poder votar. El 27 de noviembre de 2012, el Concejo Deliberante debía tratar un proyecto de ordenanza presentado por los vecinos para llamar a plebiscito. Los concejales (siete) no dieron tratamiento y una patota (con vía libre de la policía) atacó a los asambleístas.

El 19 se septiembre comenzó un bloqueo al predio de Monsanto. Exigen poder votar. El 30 de septiembre, la policía reprimió el acampe. El bloqueo se mantuvo.

El fin de semana pasado se conoció una encuesta de opinión (consultora Sicchar) realizada en Córdoba. El 63,2 por ciento de los consultados se mostró en desacuerdo con la instalación de Monsanto. Y el 66,8 por ciento se mostró de acuerdo con los vecinos que protestan contra la multinacional.

Intendente y Gobernador rechazan el llamado a votación.

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En Neuquén se ubica la formación llamada “VacaMuerta”, señalada por empresas y gobiernos como una de las mayores reservas mundiales de hidrocarburos no convencionales (requiere la cuestionada técnica de “fractura hidráulica”). El gobierno nacional firmó un acuerdo con la estadounidense Chevron. Pero necesitaba la aprobación de la Legislatura de Neuquén.

Distintas asambleas socioambientales, organizaciones sociales, sindicatos y partidos de izquierda propusieron un plebiscito para que el pueblo neuquino decida si aceptaba la llegada de Chevron y la explotación de Vaca Muerta.

En julio pasado, la consultora Aresco había realizado una encuesta en Neuquén. El 52 por ciento se mostró “poco-nada de acuerdo” con la asociación YPF-Chevron, el 46 por ciento estuvo “poco-nada de acuerdo” con la utilización de la técnica de fractura hidráulica (“fracking”) y el 57 por ciento afirmó que el acuerdo YPF-Chevron era “poco-nada transparente”.

El gobierno provincial rechazó cualquier posibilidad de plebiscito.

El 28 de agosto se votaba en la Legislatura de Neuquén el pacto Provincia-YPF-Chevron.

Hubo una masiva movilización. Y una respuesta gubernamental: gases lacrimógenos y balas de goma. La represión duró cinco horas.

Ese mismo día, 25 legisladores neuquinos decidieron por toda una provincia (550.000 habitantes).

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Las clases medias urbanas son cómplices, por acción u omisión, del extractivismo que sufre la Argentina profunda. Las clases medias urbanas miran para otro lado. Les preocupa tener combustible para el auto y electricidad para el aire acondicionado. Y minimizan si el costo lo pagan comunidades indígenas y familias campesinas con represiones y destierro. Dan vuelta la cara si miles de personas (parajes y pueblos enteros) deben ser desplazados por el extractivismo. Se horrorizan si se cortan árboles en la 9 de Julio, pero no les importa si en el Norte del país se arrasan un promedio de 32 canchas de fútbol por hora. Se ponen histéricos y corren si un container del puerto de Buenos Aires hace llover agroquímico por unas horas, pero no le importa que millones sean fumigados a diario porque “la soja trae dólares y los necesitamos”.

La clase media urbana infla el pecho de orgullo por votar cada dos años, pero maldice cuando le corta la calle un qom que lucha por la tierra, un desocupado o un trabajador que exige derechos.

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En Argentina se vota cada dos años. Desde 1983 a la fecha se realizaron siete elecciones presidenciales y, con la del próximo domingo, otras siete legislativas.

Los partidos que acumularán mayor cantidad de votos (y que aspiran a la presidencia en 2015) hicieron campaña con temas que (quizá) reflejan a la sociedad: inseguridad, dólar, inflación y (mantener el) consumo. Y los ya clásicos (y siempre incumplidos) trabajo, salud y educación.

El modelo extractivo afecta a millones de personas, pero no se debate y no se plebiscita.

Curiosas piruetas del establishment político. Elegido mediante el voto ciudadano, prohíbe a los mismos electores que voten contra las corporaciones, evitan que el pueblo decida su futuro.

Esquel y Loncopué son experiencias recientes. Funcionarios y corporaciones temen los malos ejemplos y el efecto contagio. Por eso evitaron Calingasta y Andalgalá. Por eso no permiten sufragar por represas en Misiones, por Monsanto en Córdoba y por Chevron (y el fracking) en Neuquén.

Tiempos de votos calificados y democracias selectivas.

Derechos de sólo un domingo cada dos años.

25 octubre 2013 at 7:09 PM Deja un comentario

Cuando la derecha va a los bifes (editorial de la revista Sudestada)


 

Es así. Para algunos, la discusión es pura retórica. Para ellos, que respiran el privilegio de mirar la realidad por televisión, que anhelan un país que proteja sus posesiones, que exigen un Estado policial y carnívoro que extermine a los excluidos porque resultan una amenaza. Para ellos, el giro a la derecha es materia informativa. En la comodidad de la redacción del lujo, en el despacho con calefacción y aire acondicionado, pueden criticar ciertas medidas por demagogas, por oportunistas, por tratarse de un típico volantazo en las puertas de un nuevo desafío electoral. Pero en los barrios, las consecuencias son otras.

¿Qué significa “girar a la derecha” y enviar a 4 mil gendarmes al conurbano para custodiar la seguridad, hasta ahora en manos del aparato mafioso y corruptor más poderoso del país: la policía bonaerense? ¿Por qué el primer candidato del oficialismo mira a la tribuna y exige la baja de la edad de imputabilidad para que los menores sean juzgados por sus delitos? ¿Qué hay detrás de la designación del ex menemista Alejandro Granados como titular del ministerio de Seguridad; quien en su primera presentación pública anuncia: “Tenemos que ir a los bifes lo más rápidamente posible”? ¿Cuáles son “los bifes” para el ex intendente de Ezeiza, famoso por haber impulsado la formación de escuadrones de la muerte en su distrito, integrados por policías y financiados por comerciantes deseosos de librarse de la delincuencia?

La policía en la calle. Miedo para combatir el miedo. Esa es la respuesta política de los funcionarios de turno para acallar las voces de indignados que pagan sus impuestos, esos que sueñan con un país partido en dos. Pero en los barrios, en el silencio de los pobres que no son televisados, en la derrota de un sistema que no entra en el relato progresista de quienes hoy apuestan a los uniformes, las consecuencias de ese giro a la derecha son concretas, no retóricas: Kevin, un pibe 9 años, fue asesinado el 7 de septiembre durante un tiroteo entre bandas de narcos. La balacera en el barrio Zavaleta duró tres horas. Ni un policía asomó la nariz. Ni un gendarme. Ni un prefecto. Había que ajustar una cuenta pendiente, cerrar un negocio, repartir la torta. Había que establecer una “zona liberada”. Los narcos también van “a los bifes”.

¿Alguien tiene alguna mínima duda de qué institución maneja el negocio de la merca en este país? ¿Alguien recuerda cuándo se intentó por última vez atacar la raíz del problema del delito; es decir, limitando la capacidad de la policía para manejar los hilos del negocio más rentable de la patria? ¿Por qué ni siquiera se intenta ya una purga simbólica en la fuerza, un mínimo recambio de ocasión, aunque más no sea un gesto para mostrarle a la tribuna que algo se hace?

No hay mayor amenaza para la seguridad y la salud de los argentinos que la policía. No hay otro aparato más aceitado para manejar el delito, para controlar el tráfico de personas y de sustancias, para transar en los despachos oficiales, que el policial. Lo saben ellos, lo sabemos nosotros. Lo saben los privilegiados que discuten y defienden los intereses de sus patrones. Lo saben los pibes en las barriadas, que conocen el rostro de quienes trafican con la muerte. Lo saben los ministros de la impunidad y la demagogia, que pujan para no perder su porción en el reparto del negocio.

También lo saben ellos, los que van “a los bifes”.

2 octubre 2013 at 6:16 AM Deja un comentario


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