Archive for noviembre, 2009

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22 noviembre 2009 at 7:41 AM Deja un comentario

“Hacen aparecer a los chicos como criminales”

ENTREVISTA A SUSANA VILLARAN, PERUANA, INTEGRANTE DEL COMITE DE DERECHOS DEL NIÑO DE NACIONES UNIDAS

La experta vino al país para ver el cumplimiento de la Convención por los Derechos del Niño, a veinte años de su sanción. Cuestiona la estigmatización de los jóvenes, reclama la sanción de una ley penal juvenil y propone políticas preventivas.

Por Mariana Carbajal
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“Los gobiernos locales tienen que abrir casas de juventud, con políticas recreacionales, culturales.”

“La mayor parte de los problemas que tienen los chicos con la ley penal son infracciones menores, pero los hacen aparecer como los grandes criminales”, advierte Susana Villarán. Es peruana, especialista en seguridad ciudadana, activista por los derechos humanos e integrante del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Villarán vino a la Argentina en visita no oficial para ver el cumplimiento en el país de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, al cumplirse 20 años de su aprobación en el seno de la ONU. En una entrevista con Página/12, señaló las principales asignaturas pendientes, entre ellas la sanción de una ley de responsabilidad penal juvenil, y describió experiencias exitosas de reducción de la participación adolescente en el delito. “Los gobiernos locales son los que tienen que trabajar en esto, abriendo casas de juventud, con políticas recreacionales, culturales, para hablar el lenguaje de los jóvenes a través de propuestas creativas, donde ellos se sientan parte de la solución y no siempre el problema”, recomendó.

Villarán estuvo con niños, niñas y adolescentes del conurbano en un acto en la Cancillería y también viajó hasta Jujuy para encontrarse con chicos migrantes bolivianos. Llegó a Buenos Aires invitada por el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia y Save the Children, entre otras organizaciones de la sociedad civil, en el marco del vigésimo aniversario de la CIDN, que se celebra hoy. “Por un lado estamos festejando, pero es una conmemoración que nos trae a la mesa en cada país cuáles han sido las recomendaciones del Comité al Estado para el efectivo disfrute de los derechos de niños y niñas”, señaló Villarán. Las últimas recomendaciones a la Argentina fueron realizadas en 2002. Actualmente, el Gobierno ya presentó un nuevo informe oficial, que será contrastado con un informe alternativo elaborado por el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, que reúne a ONG especializadas. En junio la situación argentina será analizada en una sesión del Comité, en Ginebra.

Villarán es, además, presidenta del Instituto para la Seguridad Ciudadana (ISC) en el Perú e integrante del Advisory Board of the Academy on Human Rights and Humanitarian Law at American University’s Washington College of Law. Y feminista.

No es la primera vez que viene a Buenos Aires. Está impactada por el estado de salud de Rubén Carballo, el adolescente de 17 años que quedó en coma tras concurrir a un recital de Viejas Locas donde hubo represión policial (ver página 19). “El Comité de Derechos del Niño hizo una recomendación muy clara en este aspecto: se debe capacitar a la policía, investigar y sancionar los casos de violencia institucional. Donde hay impunidad, hay repetición crónica”, advirtió.

–¿Cuáles son las asignaturas pendientes de la Argentina en materia de niñez?

–Hay problemas estructurales que se arrastran desde la época de la última dictadura militar. Por ejemplo, la Justicia penal juvenil. La norma vigente no contempla las garantías mínimas que debe tener todo niño o niña cuando comete infracciones. En ese sentido, el Comité, en su informe de 2002, planteó una profunda preocupación.

–Hay un proyecto consensuado en el Senado, que fue aprobado en general y podría tratarse la semana próxima en particular. Establece la privación de libertad como último recurso y en el caso de delitos gravísimos, pero baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

–En su observación general Nº 10 sobre justicia penal, el Comité plantea una edad mínima de 12 años. Pero inmediatamente aclara que no quiere decir que los Estados en los que esté fijada en 16 o 18 años puedan reducirla. La posición oficial del Comité es no bajarla. Por muchas razones: porque los niños y niñas requieren de una protección integral de medidas alternativas a la privación de libertad, socioeducativas, de justicia restaurativa, diversas medidas que están dando resultados espectaculares en el sentido de que los infractores no reinciden.

–¿En qué consiste la justicia restaurativa?

–Es una nueva filosofía cuando se habla de niñas y niños que infringen la ley. Consiste en poner mucho acento en la prevención, en lo comunitario, en la familia y en la escuela, es decir, evitar que el niño que está en riesgo de cometer un delito lo cometa. Aclaro que se es niño hasta los 18 años, independientemente de lo que diga la ley. Si comete una infracción, en justicia restaurativa el niño puede, por un lado, asumir su responsabilidad, que es lo que todos queremos para dejar de lado esa sensación de impunidad, y por otro, reparar a la víctima, pero no es castigado con la privación de la libertad sino a través de una serie de medidas como servicios comunitarios o educativos. La mayor parte de los problemas que tienen los chicos son infracciones menores y los hacen aparecer como los grandes criminales. La participación de los niños en los homicidios, las violaciones y los secuestros es minoritaria. Pero la percepción ciudadana es que la gran mayoría de los crímenes en las calles es cometida por chicos y chicas. Entonces, hay una criminalización de los niños y una consecuente política de represión contra ellos, un llamado a bajar la edad de responsabilidad penal y a abrir más cárceles para privarlos de la libertad. Esta es la perspectiva que vemos.

–Hizo una radiografía de lo que sucede cada vez que hay un hecho violento que los medios de comunicación masiva se encargan de amplificar.

–Es una tendencia regional. En Centroamérica, donde están las maras y donde hay una actividad delictiva mayor y más letal, sigue siendo una minoría de niños los que infringen de manera severa la ley penal. ¡Qué cosa! Como no somos capaces de darles oportunidades, como nos dan tanto miedo, los castigamos. La sociedad no se reconoce en ellos, no se reconoce en sus hijos. ¿Cuántos niños existen privados de su libertad que no han cometido ninguna infracción sino que están en una situación de desventaja social por discriminación, por pobreza, por exclusión? Hay muchísimos en Buenos Aires y en el resto del territorio argentino.

–¿Cómo se debe trabajar desde la prevención?

–Una de las recomendaciones del Comité a la Argentina es clarísima: estudiar el problema de la violencia doméstica, extender el registro de casos, que se judicialicen con apoyo especial a los niños víctimas. El tema de las familias violentas, expulsoras, requiere de políticas sociales de prevención y de atención y recuperación de las víctimas. Otro problema es el de la educación: la escuela no retiene a los niños, ha bajado su calidad, los aburre y no les da respuestas a las preguntas que se están haciendo, que tienen que ver con la generación de oportunidades. Los gobiernos locales tienen que abrir casas de juventud, con políticas recreacionales, culturales, grafitteros, para hablar el lenguaje de los jóvenes a través de propuestas creativas, donde ellos se sientan parte de la solución y no siempre el problema.

–¿Hay experiencias exitosas?

–La recuperación de espacios públicos, bien iluminados, para los niños, adolescentes y jóvenes en Medellín y Bogotá ha sido fundamental. Otras medidas importantes consisten en iluminar las calles para evitar el riesgo y también prevenir la microcomercialización de drogas. Luego, darles oportunidades para que se expresen en todas esas formas de voluntariado social que son tan importantes y que los jóvenes están buscando y nadie se las ofrece. Son iniciativas que, está medido, bajan la criminalidad.

–¿Se está considerando a los niños y niñas sujetos de derecho como marca la Convención?

–Es la gran pregunta a 20 años de su aprobación. Se ha abierto una gran conciencia de que los niños tienen derechos. Y los niños están crecientemente tomándolo en serio. En el Comité tenemos el privilegio de ver en distintos países organizaciones de niños, niñas y adolescentes que promueven y defienden sus derechos en la escuela, en los barrios. Este ha sido el cambio más importante.

20 noviembre 2009 at 8:23 PM Deja un comentario

La nueva criminalización

Observatorio de Medios / UTPBA

Declaraciones como las que vienen realizando los dirigentes de la UCR, Gerardo Morales, y de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, identificando a los movimientos piqueteros con la violencia son absolutamente funcionales a las políticas que desde los sectores más reaccionarios y conservadores de la sociedad claman por mayor represión a la protesta social en nombre de la “seguridad” de los propietarios y del castigo a los desposeídos. Diarios como Clarín, La Nación y los medios de comunicación a ellos asociados se han unido rápidamente a una campaña de difusión y magnificación de estas posiciones.
Quienes firmamos esta declaración no tenemos ninguna relación con el gobierno nacional. Somos críticos de sus políticas, fundamentalmente, en lo que éstas tienen de compromiso con las trasnacionales de la minería, del agronegocio, de la energía e incluso en terrenos como el de las libertades democráticas y los derechos humanos. En el marco de los debates de los movimientos populares hemos polemizado muchas veces con posiciones o metodologías utilizadas por uno u otro movimiento piquetero, ligado o no al gobierno kirchnerista. Sin embargo, hemos aprendido de la experiencia argentina que, cada vez que comienza a agitarse el “fantasma” de la “violencia” por parte de cierta dirigencia del sistema, lo que se abre es el camino para castigar a los sectores más vulnerables de la sociedad y a sus organizaciones. Así sucedió antes de los asesinatos en General Mosconi, o previo al crimen de Kosteki y Santillán, o al asesinato de Carlos Fuentealba. Si vamos atrás en la historia, recordaremos las declaraciones de Ricardo Balbín sobre la “guerrilla fabril”, que crearon el clima para la escalada golpista.

En la actualidad, la criminalización de los movimientos sociales es una acción que parte de la identificación de la lucha por los derechos sociales con el delito, estigmatizando a los movimientos populares que ejercen el derecho a luchar por sus derechos y transformando toda protesta en causa penal. De esta manera, se traslada la política social al ámbito judicial. Por este camino, desde mediados de los ’90 hasta el día de hoy, miles de luchadores y luchadoras populares en nuestro país han sido judicializados, hecho que constituye un gigantesco chantaje sobre las posibilidades de resistencia a las políticas de hambre, exclusión y precarización de las condiciones de trabajo y de vida hoy vigentes.

Quienes impulsan estas políticas de criminalización de los movimientos populares están atacando los derechos humanos y amenazan en consecuencia al conjunto de las organizaciones sociales, pretendiendo retrotraer los espacios ganados en dicho proceso de resistencia. Rechazamos enérgicamente este nuevo avance en la criminalización de los movimientos sociales y los intentos de promover una mayor fragmentación y vulnerabilidad de los sectores populares, frente a la iniciativa unificada de la derecha ruralista y conservadora, y de sus representantes políticos y mediáticos.

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Por C. Korol; M. Svampa; N. Giarracca; R. Gargarella; A. Pérez Esquivel; Alejandro Grimson; Horacio Tarcus; Julián Rebón; Atilio Borón; Hernán Ouviña; Mario Pecheny; José Luis Coraggio; Ezequiel Adamovsky; Inés Izaguirre; María Teresa Sirvent; Alberto Binder; Patricia Agosto; Eduardo Rosenzvaig; entre muchos otros docentes e investigadores universitarios.

17 noviembre 2009 at 5:19 AM Deja un comentario

dibujo de Tofi – La mesa esta mal servida

la mesa esta mal servida -- tofi--

15 noviembre 2009 at 7:30 AM Deja un comentario

Video informe de acampe en 9 de julio por los compañeros del Frente

15 noviembre 2009 at 7:26 AM Deja un comentario

Los chicos, sin fondos

Más de quinientas organizaciones sociales bonaerenses lanzaron un comunicado en el que piden que en diez días se regularice el pago de los convenios acordados por el Ministerio de Desarrollo Social con hogares, jardines maternales y centros de día, juveniles y de atención integral. Según el colectivo, la deudas estarían perjudicando a 200 mil chicos asistidos por variados programas de la cartera. Las organizaciones llegarían a las dos mil.

“No se trata de una situación de emergencia, sino que son fondos que estaban pautados y la plata no está. Si no se comienza a pagar lo adeudado muchas organizaciones tendrán que comenzar a cerrar y desde el Estado no existen programas que contengan a los chicos”, explicó Laura Taffetani, integrante del Movimiento de los Chicos del Pueblo. Desde el Ministerio de Desarrollo no supieron precisar cuánta es la población afectada, pero aseguraron que “ya se está poniendo al día lo adeudado” y que “se espera terminar de cerrar los convenios” en el plazo dispuesto por las entidades de base.

Taffetani, dentro del movimiento que reúne a unas 300 organizaciones, es parte de la Fundación Pelota de Trapo, que tiene dos hogares en los que se les da reparo de la situación de calle a 57 chicos. Pero desde hace cuatro meses que no recibe fondos por parte del ministerio, al igual que otros 160 hogares. Mientras que otros 500 hogares aún no consiguieron renovar sus convenios, según Taffetani. “En lo que hace a niñez y adolescencia todos los programas están siendo incumplidos. Y es una situación grave, porque con los chicos hay un compromiso asumido de por vida, no se les puede decir que como no hay dinero hay que cerrar”, explicó.

“Las organizaciones que tenemos proyectos productivos podemos ‘pelearla’, pero las más pequeñas que trabajan en los barrios dependiendo de los subsidios, comienzan a cerrar”, agregó Diego Chichizola, integrante de Pelota de Trapo.

Tanto desde las organizaciones como desde el ministerio indican que uno de los problemas de los atrasos de fondos es el desfasaje producido por el recambio de autoridades entre el retiro de la cartera de Desarrollo Social de Daniel Arroyo y la llegada del actual ministro, Baldomero Alvarez.

Por eso, fuentes ministeriales indicaron que “están tratando de ordenar los convenios”. Aunque no profundizaron en detalles y resaltaron que “ya se comenzó a pagar” lo adeudado en los programas de Unidad de Desarrollo Infantil, pertenecientes a la Subsecretaría de Coordinación Operativa que contempla los centros de atención y los jardines maternales.

“Hay una diversidad de situaciones, de convenios sin renovar, que muestra un desorden muy grande. Por eso, éste es un reclamo por una política de infancia integral. Las organizaciones estamos asumiendo compromisos que le pertenecen al Estado y no podemos planificar ni organizar el trabajo por la falta de recursos”, apuntó Ana Gravia, coordinadora de la Red El Encuentro, que nuclea 28 organizaciones en José C. Paz, al oeste del conurbano.

Gustavo García es el director del Hogar Don Bosco de La Plata, donde veinte chicos que estarían en situación de calle rearman su historia. El hogar cuenta con los mismos problemas que el de la Fundación Pelota de Trapo por el adeudamiento del último bimestre de la beca. “El Estado al no pagar las becas está vulnerando los derechos de los chicos nuevamente, ya que en primera instancia no tiene políticas públicas de niñez que impidan que caigan en la pobreza. La única respuesta es la represión policial, la baja de imputabilidad”, sentenció.

Taffetani coincidió al asegurar que el gobernador bonaerense Daniel Scioli, “al pedir por la baja de imputabilidad, hace pensar a las organizaciones que el problema de la falta de políticas en niñez no está en una cartera ministerial. En lugar de pedir políticas para proteger a los chicos, pide políticas para protegernos de ellos”.

Por otro lado, en el ministerio aseguraron que de los 2275 millones de pesos presupuestados este año, se llevan ejecutados, aproximadamente, 1954 millones. El 8 por ciento respondería a inversión en programas sociales.

Informe: Nahuel Lag.

11 noviembre 2009 at 6:43 PM Deja un comentario


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