Aparición con vida de los derechos de niños y jóvenes
Por Fernando Vicente Prieto. Con menos prensa que los ruralistas -y muchas más necesidades-, la semana pasada también le reclamaron a Scioli los hogares y centros de día que atienden a más de 12.000 pibes.
La semana del 7 al 11 de mayo no fue nada buena para la imagen pública de Daniel Scioli. Además de los incidentes generados en la Legislatura por las cámaras empresariales del agro (encabezadas por la Sociedad Rural Argentina), todos los titulares destacaron el creciente problema de palacio del gobernador, cada vez más visiblemente enfrentado con el llamado “kirchnerismo puro”, corporizado en su vice, Gabriel Mariotto. El último contrapunto se dio cuando gran parte de la bancada del Frente para la Victoria (FPV) apoyó un pedido de informes impulsado por la UCR, la Coalición Cívica y el peronismo federal, sobre el gasto en publicidad realizado por Scioli durante 2011.
Un tercer hecho, sin embargo, sucedió en la semana, aunque no tuvo tanta cobertura por parte de los medios, oficialistas u opositores. Tras ocho miércoles en la plaza, se realizó la última Ronda por los Derechos de los Niños, organizada por la Red de Hogares y Centros de día de la provincia de Buenos Aires.
“Es un reclamo que le venimos haciendo a la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia: que asuma su compromiso tanto con las organizaciones que trabajamos con los pibes, como con los mismos pibes en cuanto a la promoción y protección de sus derechos”, expresó a Marcha el coordinador del Hogar Don Bosco y presidente de la Red, Gustavo García.
Los hogares son instituciones conveniadas, donde chicas y chicos viven los 365 días del año. A los centros asisten sólo durante el día. Ante el déficit de instituciones propias y la emergencia social, que afecta con mayor dureza a la población infantil, el Estado terceriza la atención a través de organizaciones no gubernamentales (ONGs), que se encargan de la atención integral de niños y niñas. Esto incluye comida, útiles, vestimenta, mantenimiento y sueldos del personal, entre otras erogaciones que las instituciones afrontan mes a mes. Como contrapartida, el Estado les gira fondos de acuerdo a sus prestaciones y al número de menores que atienden.
Actualmente, aproximadamente unos 5900 chicos y chicas se encuentran viviendo en 162 hogares conveniados. Y entre 6000 y 7000 concurren a casi 400 centros de día. Tras largos reclamos de actualización de los valores, desde marzo el subsidio (también llamado “beca”) es de $1300 por pibe, en el caso de los hogares, y de $600 para los Centros de día.
Rondas y pañuelos
Hasta la semana pasada, el Estado provincial venía incumpliendo el pago de las becas desde principios de 2012, y en muchos casos desde octubre de 2011. De acuerdo a la versión oficial, la demora tenía que ver con una cuestión administrativa, a partir de un cambio de estructura. Hasta fines de 2011, la responsabilidad era de la Subsecretaría de Niñez, en Ministerio de Desarrollo Social. En diciembre el gobernador creó la Secretaría de Niñez y Adolescencia, con rango de ministerio, y mantuvo a cargo a quien era el subsecretario, Pablo Navarro.
“En teoría fueron trabas administrativas. Pero también hay una ideología política detrás de esto. Desfinanciar todo lo preventivo para priorizar la parte penal”, explica García.
Ante la falta de respuesta, la Red de Hogares comenzó a movilizarse desde el 21 de marzo, habitando el lugar histórico de las Madres de Plaza de Mayo. Durante ocho miércoles, en el centro de la plaza San Martín -frente a la Gobernación y la Legislatura provincial-, trabajadores y pibes marcharon en círculos con pañuelos verdes.
Consultado por este paralelismo, García explicó que “la ronda es visibilizar los problemas de la infancia. La hacemos por el ejemplo de las Madres, que fue justamente eso: sacar a la luz y mostrar que había un montón de gente desaparecida. Es empezar a mostrar a la gente que los chicos existen, que dejen de ser invisibles. Porque vos fíjate que si recorrés las calles del centro de acá de La Plata, o de Capital, o de cualquier barrio, se confunden el pibe que está haciendo mandados con el pibe que está laburando. Es como que pasó a ser parte del paisaje. Entonces lo que queremos hacer es demostrar que los pibes están, que las carencias están, que los derechos son vulnerados. El pañuelo verde significa el color esperanza, tenemos esperanza de que esto se revierta. Queremos que vuelvan a aparecer los derechos. Que los chicos vuelvan a jugar, vuelvan a ir a la escuela, cosa que no está pasando”.
El miércoles 9 de mayo la Ronda llegó a su fin –por ahora, aclaran- con una movilización de pibes y trabajadores que desafiaron a un mediodía lluvioso. Poco después de las 12.30, luego de varios círculos al monumento principal de la plaza, la manifestación cruzó la calle hasta la Casa de Gobierno para plantearle directamente a Scioli la necesidad de regularizar los pagos.
Con una radio abierta de fondo, reclamaron ser escuchados. Finalmente fueron atendidos por funcionarios de la Secretaría y firmaron un acta acuerdo mediante la cual el gobierno provincial se comprometió a efectivizar inmediatamente el pago del primer bimestre del año a todos los hogares y centros de día. Las becas de marzo y abril, en tanto, se pagarían a mitad de junio. Y recién después el mes de mayo, pese a que los convenios obligan al Estado a un pago por anticipado.
“Aparición con vida”
Gustavo García se mostró conforme con las rondas, que “tuvieron mucha repercusión, en las redes sociales, en los medios, incluso el miércoles va a ser tratada esta situación en la Comisión de Presupuesto. Tuvo repercusión en todos lados, salvo en el gobierno”, ironizó. “Siguen siendo sordos. No quieren discutir las políticas, los programas, el financiamiento para la implementación de la ley (de protección y promoción de derechos de la niñez y adolescencia), que sigue sin aparecer”. Precisamente esa era una de las consignas que podían verse entre las banderas de la marcha: “Aparición con vida de la ley 13.298, de derechos de los niños”
Otras frases que podían leerse tampoco dejaban lugar a dudas. “El hambre. No ser escuchados. ¿Qué te parece si lo cambiamos?”, decía una de las telas. “El Estado está dejando solos a los niños”, “Por una niñez sin exclusión, pobreza y abandono”, “El hambre es un crimen, ¡ni un pibe menos!”, planteaban otras. La más esperanzadora era una bandera larga, sostenida por una docena de pibes y pibas con sonrisas enormes. Tenía muchos colores y una declaración contundente de principios. Decía simplemente: “Con ternura venceremos”.
Un pais, dos realidades
Convocado para abordar la situación de los pueblos originarios, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado argentino reivindicó la política oficial para los pueblos indígenas y no respondió a las preguntas del organismo continental. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la criminalización y represión del Estado y del modelo extractivo.
Por Darío Aranda
“El Estado ha tomado nota y con mucho gusto responderemos por escrito previa consulta a las autoridades competentes”. Fue el inesperado cierre (cuando en realidad debía responder preguntas), del representante del Estado argentino en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se expuso la situación de los pueblos indígenas de Argentina. La audiencia había sido solicitada por organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas, que denunciaron el incumplimiento de la legislación indígenas, la criminilización y represión, y el avance de empresas mineras, petroleras, forestales y del monocultivo de soja.
“Pesa a la obligación del Estado de proteger los territorios indígenas, siguen los desalojos. Hay numerosos casos en Tucumán afectados por vitivinícolas y mineras, veinte casos en Neuquén por petroleras, hay graves impactos por los desmontes, por ejemplo en Salta. Esta falta de definición de los derechos territoriales indígenas, y la lucha por el territorio, deriva en graves sucesos de violencia como en Neuquén, Tucumán y Formosa. Existen graves represiones, con indígenas seriamente heridos y asesinados”, denunció Silvina Zimerman, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y señaló la “paradójica situación” que se vive en Argentina, donde las comunidades indígenas son perseguidas “acusadas por usurpación de sus propias tierras”.
La CIDH convocó a la audiencia especial, el 23 de marzo pasado en Estados Unidos, a pedido de (además del CELS) las ONG Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). En el marco del 144 período ordinario de sesiones, el tema era: “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina”
Zimerman fue la primera oradora por parte de los solicitantes de la audiencia. Remarcó que, en los dos últimos años, tres comités de Naciones Unidas y la Oficina sobre Derechos a una Vivienda Adecuada llamaron la atención al Estado argentino y solicitaron que “revierta una patrón por el cual muchas comunidades indígenas no cuentan con títulos de propiedad, no saben qué territorios les pertenece, no pueden gozar de sus recursos naturales y no son consultadas cuando se toman medidas que los afecta”.
“Están siendo desalojadas de sus territorios y cuando desarrollan estrategias de defensa sufren criminalización y, en algunos casos, graves episodios de violencia”, resumió.
El CELS remarcó el incumplimiento de la legislación referida a pueblos indígenas. Ejemplificó con la Ley 26160, que debiera suspender los desalojos y realizar un relevamiento territorial. “Su implementación ha sido completamente deficiente”, afirmó Zimerman, y detalló que, a mayo de 2011, se habían vencido siente convenios con Provincias para realizar relevamientos, tres provinciasse niegan a realizar el relevamiento y, en Catamarca (donde Nación se hizo cargo del censo catastral), no se delimitó el territorio de ninguna comunidad.
Recordó que en Neuquén y Río Negro hay 300 mapuches “imputados y perseguidos” por defender el territorio y remarcó que “la actitud del Estado argentino queda evidenciada en el hecho que no está participando de esta audiencia la principal autoridad nacional, el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)”.
Felix Díaz, de la comunidad qom Potae Napocna Navagoh (La Primavera) de Formosa, recordó que tenían “buena vida” cuando contaban con el territorio, pero sus males comenzaron cuando se “privatizaron los campos, que ahora están en manos de quienes sólo le interesa la actividad económica”.
Díaz responsabilizó a “los gobiernos y las empresas” por la situación de los pueblos originarios. “La política del Estado ha justificado el despojo de tierras con muchas leyes. Nos confunde, la mayoría somos analfabetos, nos hace desesperar (…) Cuando se crean las cuestiones burocráticas, se ha legalizado la muerte de los indígenas”, explicó el líder qom.
Aún no habían pasado los veinte minutos asignados para hablar a las organizaciones, y las denuncias se acumulaban. El pequeño salón, lugar de la audiencia, ubicaba a los comisionados de la CIDH en el centro. A la izquierda, los organismos de derechos humanos y Díaz. A la derecha, los funcionarios del gobierno argentino.
Verónica Huilipan, con doble representación (Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y vocera de la Confederación Mapuche de Neuquén), comenzó su exposición en idioma mapuche. “Nos encontramos ante una situación de tremenda violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina”, aseguró y acusó al Estado de enfocar la realidad de las comunidades como una situación de pobreza y no de derechos.
Precisó que desde 2006, cuando se sancionó la Ley 26160, se agravó la criminalización de quienes defienden el territorio. “Ya tenemos que contar muertes de hermanos”, lamentó y denunció al INAI por “dejar desprotegidas a las comunidades”.
Explicó que el movimiento indígena tiene propuestas concretas de políticas públicas que superen la situación actual, pero lamentó que no exista diálogo político entre el Gobierno y los pueblos originarios. Solicitó a la CIDH que contribuya a la conformación de un mesa de diálogo político que permita superar la situación de criminalización y represión.
“Los últimos 15 años se ha agravado el despojo territorial. El norte del país, sobre todo NEA y NOA, padecen una crisis humanitaria”, finalizó.
Otra Argentina
Los representantes del Estado también contaron con veinte minutos para exponer.
Javier Salgado, de la Cancillería argentina, comenzó con una aclaración: “El Estado no va a formular observaciones específicas, sino generales, que abarcará en perspectiva la situación de los pueblos indígenas en Argentina”.
Mencionó la reforma constitucional de 1994 (que reconoce los derechos indígenas) y aplicó un argumento conocido: “Luego de una década de política noeliberal, donde no estuvieron en agenda las comunidades indígenas, a partir de 2003 se gesta un proceso de efectiva ejecuciones de las obligaciones internacionales del Estado en materia indígena”. Fue muy breve y dio paso a Andrea Gualde, funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos, que –ante la sorpresa de los presentes–, comenzó a leer un informe.
Afirmó que hubo avances en tres aspectos: identidad, tierras y acceso a la Justicia. Y destacó que el actual Gobierno sancionó “tres leyes fundamentales” para los pueblos indígenas: Ley 26206 (de Educación Nacional) que “establece la educación intercultural bilingüe”, la 26522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual) que, remarcó Gualde, “reserva frecuencias de radio AM y FM, y de televisión” para las comunidades.
Y la Ley 26160. En contraposición con los expositores que le antecedieron, la representante del gobierno argentino destacó que fueron “relevadas 305 comunidades, siete provincias finalizadas, 3.270.403 hectáreas”.
“Se han realizado acciones positivas encontrándose en la actualidad la instrumentación de títulos comunitarios en 4.500.000 hectáreas en todo el país”, señaló y, respecto al acceso a la Justicia, precisó que el INAI realizó un “esfuerzo presupuestario de 8,5 millones de pesos” en un programa permanente de abogados, agrimensores y antropólogos que han elaborado “26 proyectos que benefician a 429 comunidades” (no precisó qué proyectos).
“Para dar una idea de la importancia en la agenda pública, la Presidenta en la primera sesión del Congreso de este año anunció la incorporación de la propiedad indígena en la propuesta de modificación del Código Civil argentino”, recordó Andrea Gualde y, siempre leyendo el discurso, aseguró que “a partir de 2003, el gobierno nacional asumió como política de Estado no sólo la consulta a los pueblos indígenas en todos los intereses que los afecten sino también en la construcción conjunta de políticas públicas en relación a la instrumentación del reconocimiento de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
La funcionaria habló durante poco más de diez minutos. Siempre leyó el informe. Sólo levantaba la vista de las hojas cuando hacía pausas en la lectura, miraba a los representantes de la CIDH, y volvía a sumergirse en las hojas A4.
Preguntas
Los comisionados de la CIDH hicieron consultas:
-¿Efectivamente se está cumpliendo el Convenio 169 de la OIT en lo que respecta a la consulta previa para todo proyecto que afecte a las comunidades indígenas?
-¿Existe reglamentación en Argentina para llevar a cabo la consulta previa a las comunidades?
-¿Cómo se explican los desalojos forzosos a pesar de las leyes vigentes (que los prohíben)?
-¿Cómo hay una disparidad tan marcada entre la Argentina que ustedes señalan y la Argentina que ellos viven? (Preguntaron mirando al sector del Estado).
-¿Qué ocurre que “estas medidas” (las leídas por el Estado) no llegan a beneficiar a las comunidad y aún existe criminalización y persecuciones?
-¿Por qué no llegaron todas las provincias a cumplir con la Ley de Emergencia 26.160? (el Estado había afirmado que, a seis años de sancionada, sólo en siete provincias se había finalizado el relevamiento catastral)
-¿Qué mecanismo falta para que los pueblos indígenas puedan disfrutar de los efectos de la Ley 26.160?
La CIDH otorgó cinco minutos a cada representación.
Respuestas
Verónica Huilipan graficó lo que se estaba viviendo en la audiencia: “Ponemos en evidencia dos países distintos. Esta situación muestra el vacío de la política pública, sino no tendríamos el nivel de criminalización, violencia y asesinatos por defender el territorio”.
Explicó que el derecho a la consulta del Convenio 169 no está reglamentado. “Por eso las extractivas están generando un proceso de violación de territorios tremendamente fuertes. Mineras, petroleras, forestaciones, monocultivo de soja, están generando expulsiones tremendamente violentas de norte a sur del país, de este a oeste”.
Silvina Zimerman, del CELS, confirmó que el derecho a la consulta no está reglamentado, pero subrayó que en la práctica igual se podría poner en marcha. También afirmó que “en ningún caso (de Argentina) se pone en práctica el derecho a la consulta” a las comunidades indígenas. Incluso remarcó que el anuncio de la Presidenta en el Congreso (respecto al proyecto de ley para modificar el Código Civil e incorporar la propiedad comunitaria indígena) tampoco “fue consultado con ninguna comunidad”.
Reconoció que el Estado argentino es pionero en la sanción de leyes y reconocimiento de derechos, pero al mismo tiempo no los cumple. Cerró su discurso con otra característica de las políticas públicas para los pueblos originarios: modificar algo, para no cambiar nada. “Es curioso, la 26160 releva los territorios pero no garantiza títulos de propiedad”, lamentó.
Silencio
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio la palabra a los representantes del Estado argentino. Cinco minutos para responder las consultas.
Javier Salgado, de Cancillería, explicó que habían tomado nota de todas las consultas, prometió que consultarían a las “autoridades competentes” y que responderían por escrito.
Aunque le sobraban más de cuatro minutos, no respondió ninguna consulta. Tampoco la funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Andrea Gualde.
Los comisionados de la CIDH, que moderaban la audiencia, miraron sorprendidos. Y, ante el silencio del Estado, dieron por finalizada la jornada.
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Sesión 144; viernes 23 de marzo 2012
No está todo bien!
No está todo bien. Miren alrededor y se darán cuenta.
No estamos contra el gobierno pero no podemos avalar todo como subordinados sin pensamiento crítico.
Quieren hablar de trabajo digno y ejemplifican con las cooperativas, compañeros que cobran 1200 pesos como empleados estatales de segunda, vecinos que realizan el mismo trabajo que los recolectores de basura pero cobran 3 veces menos.
Nos hablan de derechos humanos y existen decenas de ejemplos en las provincias donde terratenientes del modelo agro exportador desplazan a comunidades enteras, llegando incluso a matar impunemente, con la complicidad de gobernadores Kirchneristas. Mientras tanto en la ciudad y en los barrios pobres crece la emergencia habitacional y a quienes reclaman tierra para vivir se les responde con desalojos y represión. Para cerrar el circulo sancionan una ley que avala la persecución de todo aquel que se organice para reclamar por sus derechos.
Hablan de jubilaciones dignas para nuestros viejos. El sueldo mínimo es1680 pesos. Digan ustedes como se puede vivir con esa suma?. Reclamamos el 82 % móvil para TODOS los jubilados.
En nuestros barrios (Rayo de Sol y Los Frutales) los vecinos no tienen agua, existe una sola Sala de Salud que no alcanza para la cantidad de gente que la necesita, nuestros pibes se suicidan lentamente con el paco legalizado de hecho. La violencia estructural los golpea cotidianamente.
Nuestra única bandera es la lucha por un mundo distinto donde las oportunidades para elegir sean para todos.
No esta todo bien.
La Vieja del Andén – Febrero 2012
3 años sin Luciano Arruga
Luciano, presente rabioso
| Por Silvana Melo | |
| Martes, 31 de Enero de 2012 08:23 | |
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(Ape).- Luciano tiene 17 años.
Sigue teniendo 17 años aunque hace tres -hoy hace tres- que no está. Luciano está desaparecido. Es desaparecido. Y es un presente rabioso. Por eso tiene 17 años. Los tiene porque es. Porque no dejó de ser. Los tiene porque nació el 29 de febrero. Y le encantaba cumplir años cada cuatro. Como éste es bisiesto, este año recién cumplirá otro. Entonces tiene 17. Hasta el fin de los días de no estar. Hasta que aparezca. Luciano está desaparecido. No está muerto. Luciano es el presente rabioso de la plaza donde lo levantaron, el 31 de enero de 2009. En Lomas del Mirador, ahí no más de la casa de estética setentista y Virgen de Luján entronizada donde se montó el destacamento de la Octava. Pedido a gritos a partir de los asesinatos del florista de Susana Giménez y del entrenador de Guillermo Cóppola. Ahí no más del potrero con arco agujereado. Donde soñaba con tener un hijo y llamarlo Enzo o Ramón. No está Luciano, desde hace tres años. Y no podemos saber qué piensa de River en la B. De Cavenaghi o del Chori. Con su ausencia se llevó el mar que no conoció. Y el pan de tierra con pasto del Monumental que no se pudo traer a casa. Y la mezcla de cumbia colombiana y pogo ricotero que le partía en dos la cabeza. Luciano desapareció una noche. Se habla despacito de sus gritos. De su sangre. De su cara hinchada a golpes. De sus huesitos rotos. De su piel deshilachada. En los rincones de la casa donde ya no está el destacamento habrá quedado la baba de sus sueños. La pelusa del futuro que le quedaba. Gotitas de su sangre nueva. Prepotente. Dientes de su boca rebelada. De su poder de decir no. No a robar para ellos. No a sus armas ni a sus garantías. No a ser su infantería. No a ser la carne de cañón. Para terminar disuelto en el pavimento. Carne y sangre en la calle. Con el pie del policía sobre la espalda. Mientras sopla el caño de la 9 milímetros. Y la vecindad celebra la muerte del mal hechor. Los dientes de su boca que dijo no. Y lo pagó con esta ausencia. Aterradora y vigente. Que se trae al presente un pasado aluvional. Que camina con López las calles de la nada. Donde la gente deja de estar. Desaparece y ya no enciende cigarrillos ni toma helado. Ni se calza gorritas de visera ni camperas polar bordó. Ni chupa la bombilla con ruido ni sube el volumen de la radio. La gente en estas tierras desaparece. Y desaparece dos veces. Tres. Mil. Como López. Como Luciano. Que desapareció como niño, nacido sin baño ni casa. Sin partida de nacimiento. Sin ser Luciano. Hasta que pudo ser, tan fuertemente ser, que dijo no. Y hace tres años -hoy hace tres años- desapareció en cuerpo. Negado por el Derecho. Por el poder político. Por los abogados y los organismos hasta muy entrada su ausencia. Negado y desaparecido por la policía. Y no sólo por la policía. Nadie siguió su rastro. Nadie pidió seguridad después de su ausencia. Nadie vio, nadie oyó, nadie dijo. Sólo su madre y su hermana. Sólo. Solas. Olfateando una huella de su frente en cada oscuridad. No está Luciano. Pero es. Es el presente rabioso de su ausencia. El paradigma de la in-justicia. “Averiguación de paradero”, sigue siendo la carátula de la causa. Pero nadie averigua dónde para Luciano. Que acaso camine con López tanta boca de lobo. Buscando una puerta por donde volver. Con el futuro malherido en los brazos. |
el Kirchnerismo muestra la hilacha
Habla un “Eco-Terrorista”: el testimonio de uno de los asambleístas imputados en Catamarca
Ayer, la asamblea El Chañar denunció “métodos intimidatorios” de la policía de la Provincia de Catamarca en el bloqueo de Belén a Minera La Alumbrera, que es el más importante y va por su día número 12. Esto se suma a lo sucedido el viernes pasado, cuando hubo nueve imputados por una aplicación de la Ley Anti-Terrorista a quienes hacían el corte en Santa María. En esta nota, el asambleísta Sergio Rojas, explica la relación entre dicha norma y la judicialización de la protesta, ampliando lo dicho por una de sus abogadas a ComAmbiental.
| Una de las postales del bloqueo a la minera. Foto: Sergio Rojas. |
Ley antiterrorista para todos
Asambleísta de Catamarca.
La aplicación de la ley antiterrorista por primera vez en Catamarca nos da una muestra de la finalidad de la misma. En este caso se intenta desmovilizar al pueblo que reclama legítimamente al ver violados sus derechos esenciales mas básicos, las personas que realizan el bloqueo selectivo a los insumos de minera Alumbrera lo hacen luego de haber visto transitar denuncias tras denuncias por contaminación en los juzgados.
Mientras esto sucedía, durante quince años la empresa causo daños, en muchos casos irreparables al territorio donde se encuentra ubicada y las zonas que detrás de un sistema de explotación totalmente destructor fueron contaminadas.
Recordemos derrames del mineraloducto, vuelcos de camiones con sustancias peligrosas, polución, y la filtración del dique de colas de la misma como parte de una larga lista de aberraciones a causa de la complicidad del poder político y esta empresa.
A lo largo de la cordillera se cuenta la misma historia, una historia de abandono de parte del estado y la violencia impuesta a los pueblos que concientes no quieren más estos emprendimientos.
Analizando lo sucedido en Catamarca encontramos la intencionalidad de esta nueva ley que más que antiterrorista es ella misma terrorista. En su artículo 41 quinquies establece:
“ARTICULO 41 quinquies — Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo.
Las agravantes previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional.”
Si analizan con atención se percataran de que solo habla de los agravantes. Aunque se este actuando al amparo de un derecho natural o defendiendo un derecho humano, se penará, solo que sin los agravantes, la pregunta es ¿desde cuando es punible defender un derecho humano?
La ley antiterrorista deroga el artículo 213 ter del código penal que especifica las características de las organizaciones para ser consideradas terroristas:
“Artículo 213 ter.- Se impondrá reclusión o prisión de CINCO (5) a VEINTE (20) años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, siempre que ella reúna las siguientes características:
a) Tener un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político;
b) Estar organizada en redes operativas internacionales;
c) Disponer de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas.”
Con esta derogación se abre el espectro para criminalizar a cualquier otro tipo de organización que no necesariamente tenga estas características.
“ARTICULO 213 bis. – Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación.”
La nota de color en esto es la forma como se puede infundir temor, no definiéndolo de ninguna manera, así esta ley permite inventar causas sin ninguna restricción dándole a los funcionarios involucrados una herramienta de represión para cuando se lo requiera,
Incorpora al titulo VIII del código penal:
“Artículo 306: 1. Será reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte: a) Para financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies; b) Por una organización que cometa o intente cometer delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies; c) Por un individuo que cometa, intente cometer o participe de cualquier modo en la comisión de delitos con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies”.
¿Como procederán con los científicos que ayudan a las comunidades afectadas?
¿Las universidades que aportan información que no les conviene a los monopolios y negociados?
¿Los pueblos originarios que aportan sabiduría y lucha para terminar con la noche de los quinientos años?
¿El Servicio de Paz y Justicia que intervino para liberar a los detenidos en los cortes?
Artistas, docentes, gente común, iglesias como la de famatina y tantas personas que ayudan a quienes mantienen los bloqueos.
Mientras tanto en todo el país la gente abre los ojos ante esta problemática y los gobiernos provinciales y el nacional intentan frenar lo que no se detiene, los negocios entre las mineras y los funcionarios están a la vista de todos.
…
Un kirchnerista al directorio. Al tiempo que suceden estos hechos, una noticia circuló ayer por los medios. Fue la designación de Armando “‘Bombón”’ Mercado, ex marido de la ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner, en Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD). La decisión la tomó la gobernadora Lucía Corpacci, puesto que se trata de la empresa de la Provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán que opera en conjunto con la corporación “Minera Alumbrera”.
19 años
Ni comida, ni salud, ni educación. Los Derechos del Niño son sólo letra muerta y en la calle los pibes se ven obligados a crecer a las patadas.
A partir de esta idea, desde La Vieja del Andén, una organización social que camina por el suburbano desde 1993, trabajamos todos los días para arrebatarle pibes a la muerte, para construir juntos un proyecto colectivo de sueños y dignidad.
A La Vieja se acercan niños, adolescentes y jóvenes (en la actualidad son casi cuarenta) que trabajan por monedas en los barrios olvidados de Longchamps , al sur del Gran Buenos Aires. Calles donde la indiferencia no ve la injusticia y las balas policiales (y de gendarmería) desean acabar con las jóvenes vidas. Barrios donde la desocupación es la regla y la pobreza la moneda más común.
La Vieja cuenta con tres áreas permanentes de trabajo:
Educación: donde se trabaja tres veces por semana con apoyo escolar, reforzando la certeza de saberse sujeto de derecho (aunque la cana o los adultos no entiendan) tenemos también dos espacios de educación para adultos incluidos en el plan FinEs
Salud: brindando charlas cotidianas con los pibes y los adultos del barrio, concientizando en el cuidado personal
Sábados: estos días incluimos todo, compartimos, educación, juegos, merienda, peleas, musica, risas, almuerzo y postre. Festejamos los cumpleaños de los pibes (con torta y velitas)
Los viejeros –quienes integramos La Vieja- creemos y trabajamos por otro mundo, por prácticas y valores que una vez fueron de todos, con la herramienta de la solidaridad entendida como resistencia y no como caridad o dádiva.
Trabajamos por un futuro digno. En esto estamos y en esto ponemos nuestras vidas. Y lo hacemos con alegría, como decía Arturo Jaureche:
“El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza.”
siguen matando a nuestros pibes (los pibes son de todos!)
Juventud divino tesoro
Por Pablo Solana. No es la secuencia de una película de acción, ni una crónica del accionar de las “maras”, pandillas armadas en Centroamérica. Se trata del Gran Rosario, por estos días: cinco pibes fueron asesinados. Pero también son jóvenes sus matadores. Una juventud empujada al abismo que encuentra salida en la organización comunitaria y la militancia.
Facu, de 18 años, fue acribillado de 8 disparos por Maxi, de 24, tres días antes de fin de año. Leonel Danonino, de 17, manejaba la moto desde la que el Negro Ezequiel, de 22, disparó en represalia contra el primero, que iba con su novia Sofía y una amiga en un BMW, en Año Nuevo. Maxi, con tres tiros en el cuello, ordenó la masacre que acabó, en un sinsentido, con la vida de Jere, de 17, el Mono, de 19 y Patón, de 21, ejecutados a pura ráfaga de ametralladora por una banda integrada por Damiancito, de 21 y Oscarcito Teletubi, de la misma edad (la policía lo confundió con otro pibe apodado igual, Ariel, de 17, preso esa misma noche por el robo de un departamento). Después, el Negro Ezequiel, para escapar, volvió a abrir fuego contra los matones de los pibes, con su 9 mm. Casi en simultáneo, cerca de allí, por otras causas, en el barrio La Tablada, Ale, de 15, fue acribillado desde otra moto, y Ramón, de 24, recibió balas mortales en Empalme Granaderos (1).
La secuencia que envolvió a los asesinatos de los pibes del Frente Darío Santillán en el barrio Moreno del gran Rosario, junto a los otros dos crímenes de aquella noche, suma cinco víctimas a una violencia constante contra la juventud en las barriadas humildes, que en Santa Fe encuentra a bandas narcos y complicidad policial como factores claves, y sumó 140 casos en el último año (2). La militancia barrial de Jere, Mono y Patón y la organización popular de base que reaccionó disputando la versión mediática oficial y convocando a movilizar, fueron fundamentales: es posible que, en este caso, el alcance nacional del escándalo pueda lograr que las autoridades reaccionen. Pero son pibes también los matadores (los mencionados al principio, de 18, 21, 24 años): las bandas narcos reclutan sin problemas entre nuestra juventud a sus brazos ejecutores, a los muchachos que se sienten aprendices de gangster y, por el privilegio de manejar un BMW en la villa (del jefe de la banda, o, como en este caso, del abogado) (3), se vuelven capaces de acribillar a otros pibes con los que, quizá, se hayan criado juntos.
Plata fácil, autos caros, amparo de sectores del poder, les ofrecen los narcos a los pibes de los barrios donde nada sobra, donde muchas necesidades básicas están descubiertas. Plata fácil, autos caros, poder… ¿No es acaso esa la ostentación de tanta dirigencia política, de los ricos de esta sociedad, de la lógica con la que machacan los medios de comunicación hegemónicos? Ese es el horizonte que propone esta sociedad de consumo, el sistema capitalista, mientras cínicamente condena a la exclusión crónica a poblaciones enteras de barrios como Moreno, La Tablada o Granaderos, donde las familias de estos pibes siguen reciclando subsidios o asignaciones familiares sin trabajos dignos ni futuro mejor a la vista. El sistema pone un horizonte de ostentación mientras condena a los pibes a verse privados de todo. Las bandas narcos no hacen más que ofrecer un atajo. Criminal, de corto vuelo, fratricida: pero atajo al fin. En Rosario, o en la provincia de Buenos Aires (el gatillo fácil y la desaparición de Luciano Arruga), o con las policías bravas de Mendoza y tantas otras, estas situaciones, aunque gravísimas, aún distan de la realidad de control territorial que estas bandas logran en las favelas de Brasil, o en poblaciones de Colombia o México, donde narcos con sus sicarios son la verdadera “autoridad”, ocupando el espacio que dejó vacante el Estado, controlando vía corrupción a las fuerzas de seguridad. Pero la lógica es la misma: ante la desatención estatal, crecen opciones de control territorial que muchas veces logran, a fuerza de los dineros del crimen organizado y las prebendas, niveles de legitimación en las comunidades donde “mandan”.
La organización barrial de base, una alternativa emancipatoria
El caso de Rosario muestra una particularidad, que se vuelve extensible a otras barriadas de nuestro país, y quizás marque uno de los mejores anticuerpos ante estas escaladas criminales con amparo policial, disputando el control en las barriadas: la militancia popular de base en los barrios humildes. El Estado (municipal o provincial, de un signo; o nacional, de otro: da lo mismo) no llega o llega mal, con subsidios para los pobres apenas para evitar el estallido. La Asignación Universal por Hijo logró transferir un ingreso mínimo a las madres de familia, y algunos planes cooperativos generaron focos (insuficientes) de trabajo temporario para los desocupados. Pero el Estado y los medios de comunicación hegemónicos tienen en la estigmatización, la criminalización y el accionar policial la principal política hacia la juventud pobre. No hay, a nivel nacional, políticas sociales o de inclusión para ellos. Estos pibes que no se benefician de la AUH ni tienen la edad o el oficio para integrar una cooperativa de construcción, no encuentran como propuesta del Estado ni escuelas de oficio ni fomento al deporte ni propuestas de contención cultural o educativa.
Son en cambio las organizaciones populares, como en el barrio Moreno, las que generan políticas no sólo de contención, sino de aliento a la participación, al reconocimiento y protagonismo de una juventud que, por esencia, se muestra rebelde, busca desafiar lo establecido, más cuando lo establecido es tan hostil a su mera existencia. El Centro Comunitario inaugurado por los pibes días antes del 20 de diciembre en el barrio Moreno, es el quinto que el Movimiento 26 de Junio (M-26) (4) construye en el Gran Rosario. Allí convoca a las asambleas barriales, después de un año de funcionar de prestado en el patio de la casa de un vecino. La puesta en marcha de una rotisería comunitaria como posibilidad laboral, o una banda de cumbia, eran temas de debate de los pibes en el Movimiento. Pero no se trata sólo de trabajo social: el M-26, como parte del Frente Popular Darío Santillán, propone talleres de formación política en los barrios, y mantiene lazos orgánicos con la CTA local y las agrupaciones universitarias que, después de años de combinar disputa estudiantil y militancia barrial lograron, en 2011, la conducción de la Federación Universitaria (FUR). Los pibes del barrio que asomaban a la militancia iban asimilando esa perspectiva política, sabiendo que la participación en los proyectos del Movimiento es una alternativa al destino de tragedia que les espera a otros de parte de las bandas de delincuentes que se extienden en la disputa territorial. La cumbia, explicaba el Patón con intuición estratégica, sería “para cagarnos de risa, pero también para sacar a los pibes de la esquina”.
El Campamento Nacional de la Juventud “Darío Santillán”, un mes atrás, entusiasmó a los pibes del barrio Moreno, que participaron activamente (ver foto que abre este artículo). Allí Jere, Patón y El Mono conocieron a más de 500 jóvenes de distintas ciudades del país, entremezclaron sus saberes de barrio con los de otros jóvenes trabajadores y universitarios, escucharon los relatos de otras realidades, y reafirmaron su compromiso militante: a partir de los debates en los que participó, Patón se propuso para participar de una brigada juvenil de ayuda en la comunidad de Ibarreta, en el norte formoseño.
Juventud y política
Las asambleas en Centros Comunitarios, pero también la militancia política como horizonte de transformación y rebeldía para estos pibes, deben entenderse no sólo como la propuesta de tal o cual organización para “sumar militantes”. Actividades como el Campamento Nacional de la Juventud se convierten en trincheras de lucha contra la exclusión, pero también en alternativas al sistema capitalista que los mantiene como población sobrante y amenaza latente. Los centros comunitarios y cooperativas de base, llevados adelante por pibes que toman consciencia en actividades políticas y militantes, pueden convertirse además en freno a la organización criminal en los barrios, que encuentra en el poder político y policial las complicidades necesarias para avanzar.
La relación entre “juventud y política”, tan mentada y tan manoseada también a partir de la orientación exclusiva que desde el gobierno se propone, asociando militantes jóvenes a la renovación de funcionarios onerosamente rentados, tiene en la historia del barrio Moreno otra dimensión, más profunda, reveladora. Los padres de los pibes, también integrantes del Movimiento, tomarán contacto con Alberto Santillán, quien ya lleva 10 años de lucha contra la impunidad por el asesinato de su hijo. Fue el propio Alberto quien, en una solicitada, meses atrás remarcó: “Hoy se habla de ´juventud y política`, pero es necesario no olvidar el compromiso de todos aquellos jóvenes, como Maxi y Darío, que se involucraron a pleno en la “política”, no en la politiquería de escritorio, sino en la lucha junto a los que menos tienen tras la idea de un Cambio Social que acabe de raíz con un sistema injusto que se ensaña con los más débiles”.
“La arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud”, explicaba el Che, que ahora acompaña a los pibes de Moreno desde algunas remeras, afiches en los locales del Movimiento, pero sobre todo desde el estudio y la militancia. “Juventud, divino tesoro”, escribió el poeta Rubén Darío, aunque los pibes, si conocen el verso, será más a partir de la canción de Sumo que todavía suena en las radios. Hoy, la juventud de los barrios pobres es un tesoro que el sistema pisotea, un tesoro que la militancia popular tiene la tarea inexcusable de rescatar.
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* FOTO: Los pibes del barrio Moreno en el Campamento Nacional de la Juventud Darío Santillán. Gentileza Movimiento 26 de junio
1- Los asesinatos de La Tablada y Empalme Granaderos se encuentran denunciados en el comunicado de la CTA Rosario: http://www.ctarosario.org.ar/article802.html
2 y 3 – http://www.marcha.org.ar/index.php/nacionales/98-policiales/500-la-masacre-de-rosario
4- El Movimiento 26 de Junio se organiza en los barrios Moreno, Alvear, Vía Honda y Villa Manuelita/Tablada; la CTD “Aníbal Verón” complementa el trabajo barrial en Magnano y San Martín Sur, y en Villa Gobernador Gálvez, barrios Costa Esperanza y La Ribera. Coordinan la militancia con las agrupaciones universitarias Santiago Pampillón, de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Psicología, Veterinaria, Bioquímica; y El grito, de Humanidades y Artes; y la agrupación de trabajadores/as La Fragua.
